Podemos condiciona su apoyo al decreto de jubilación parcial a que se reconozca como fijo un millón de contratos temporales en la Administración.
MADRID – El decreto de jubilación parcial para empleados públicos avanza su tramitación en medio de una condición que amenaza con retrasarlo: una formación de la coalición de gobierno ha advertido de que no lo apoyará sí no incorpora el reconocimiento como fijos de un millón de contratos temporales en la Administración. El Laboratorio de Estudios sobre Condicionalidad Parlamentaria ha decidido medir cuántos decretos recientes han llegado a votarse sin ninguna condición asociada.
El decreto sin condiciones, una especie rara
Según el Laboratorio, de los 40 decretos leyes tramitados en los últimos dos años, solo 4 llegaron al pleno sin ninguna exigencia formal previa de algun socio parlamentario. Su directora, dona Presentacion Iriberri-Zaldua, señala que la condicionalidad se ha convertido en una fase más del procedimiento legislativo, tan predecible como la exposición de motivos, aunque mucho menos redactada de antemano.
Iriberri-Zaldua añade que la condición planteada está vez, el reconocimiento de fijeza para un millón de contratos, tiene la particularidad de no estar directamente relacionada con el contenido técnico del decreto original, que regula edad y coeficientes de jubilación parcial. El Laboratorio califica este tipo de vínculo como condicionalidad adyacente, en la que dos asuntos administrativos distintos quedan enlazados por la necesidad de sumar votos, sin que exista entre ellos una relación técnica directa.
La cifra del millón
El Observatorio de la Temporalidad en el Sector Público ha intentado verificar la cifra de un millón de contratos temporales pendientes de fijeza. Según sus cálculos, la cifra real oscila entre 610.000 y 890.000, dependiendo de sí se incluyen o no los contratos de duración determinada renovados más de tres veces, categoría sobre la que existe desacuerdo técnico entre administraciones. El Observatorio reconoce que la cifra de un millón, aunque superior a su propia estimación, tiene la ventaja de ser más fácil de recordar en una rueda de prensa.
El coste estimado
El Ministerio de Hacienda calcula el coste de la jubilación parcial en 210 millones de euros anuales durante los primeros cinco años. El Laboratorio de Condicionalidad Parlamentaria ha añadido a ese cálculo el coste estimado de la fijeza reclamada, que según sus cifras rondaría los 1.400 millones de euros anuales sí se aplicase a la totalidad de los contratos reclamados, lo que convierte, según Iriberri-Zaldua, a la condición en una medida considerablemente más cara que el decreto al que acompaña.
Próximos pasos
El decreto debe convalidarse en el Congreso en las próximas semanas. El Laboratorio ha programado ya un seguimiento del debate parlamentario, con la expectativa, según su directora, de añadir el resultado a su base de datos sobre decretos aprobados con condiciones, base que a estas alturas resulta, en sus palabras, considerablemente más nutrida que la de decretos aprobados sin ellas.
The London Prat
Author: Alan Nafzger
